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VICEPRESIDENTA Y CONSELLERA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS

Mónica Oltra: "Nuestro objetivo es que todas las personas mayores que soliciten atención residencial tengan acceso a una plaza pública o pagada con fondos públicos"

Mónica Oltra: 'Nuestro objetivo es que todas las personas mayores que soliciten atención residencial tengan acceso a una plaza pública o pagada con fondos públicos'
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La responsable en la Comunitat Valenciana habla a NGD, entre otras cuestiones, del nuevo modelo de atención residencial en la región.

El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba el pasado martes el decreto por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas en esta comunidad.

Entre otras novedades, el decreto regula la red pública de valoraciones que, además de los servicios generales municipales, incluye otros puntos, como las residencias públicas, los hospitales de media y larga estancia, las unidades de salud mental y las prisiones, una medida que ha sido tachada de inconstitucional por la oposición del PP, aspecto sobre el que la titular de Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, no ha querido manifestarse en la entrevista mantenida con Negocios & Gestión de la Dependencia hace algunas semanas.

En el último año las prestaciones para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales en la Comunitat han aumentado un 31,1%. ¿Por qué esta apuesta tan fuerte por los cuidados en el hogar frente a otros servicios? ¿Es una cuestión económica?

La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene como prioridad el bienestar de las personas, lo que pasa por garantizar que puedan estar el mayor tiempo en su entorno familiar y que el ingreso en una residencia sea el último recurso.

En este sentido, estamos trabajando por que se respete la voluntad del usuario, que en la mayoría de los casos prefiere que sea una persona de su entorno familiar el que se encargue de sus cuidados. Por ello, las prestaciones para cuidados en el entorno familiar que se han concedido en estos dos años se han dado con el acuerdo de la familia y el informe favorable del trabajador social de entorno.

Asimismo, se ha terminado con la política del antiguo gobierno, que limitaba la capacidad de elección del usuario, puesto que limitaba la prestación del entorno familiar a supuestos excepcionales, obligando a tener que contratar con servicios externos de ayuda a domicilio, incluso cuando lo más apropiado era el cuidador profesional.

Además, desde la Generalitat se han articulado los mecanismos presupuestarios necesarios para garantizar todas las prestaciones, independientemente de cual es la solicitada, sobre todo reconociendo el carácter ampliable de los citados créditos.

¿Cómo se controla desde la Generalitat que efectivamente las personas dependientes reciben una atención adecuada en su entorno familiar?

El control permanente de esta atención se realiza por parte de los equipos sociales de base de los ayuntamientos, tanto de forma inicial, mediante el informe técnico necesario, como modificando el mismo una vez que se produzcan variaciones en la situación inicial del beneficiario que aconsejen el solicitar un cambio en el tipo de prestación recibida.

Independientemente del procedimiento ordinario, existe un procedimiento de control que se ejerce desde los servicios de inspección de la Consellería, que atiende las quejas y denuncias que se puedan producir. La labor de inspección es primordial para asegurar la calidad de los servicios públicos, por este motivo los presupuestos de la Conselleria han ampliado la partida destinada a este fin, lo que ha permitido incrementar el número de inspectores a 20, cumpliendo por primera vez la ratio establecida por ley.

¿Esta apuesta por los cuidados no profesionales en el hogar puede lastrar el empleo en el sector?

La prioridad de la Consellería es atender la demanda de las personas dependientes, y en este sentido entendemos que el sector no profesionalizado, es aceptable toda vez que favorece la permanencia del usuario en su entorno habitual, retrasando la institucionalización del mismo en determinados centros de atención.

El nuevo decreto de dependencia que ha aprobado recientemente el Consell introduce también la figura del cuidador de entorno no profesional, que no es familiar ni allegado, pero el mismo debe de ser sustentado con el correspondiente contrato laboral.

En todo caso, desde el Consell del Botànic creemos que el Gobierno de España debería recuperar la cotización de los cuidadores no profesionales, que eliminó dentro de su política de recortes, y que supone un reconocimiento a la gran labor que vienen desempeñando.

Asimismo, los últimos presupuestos de la Consellería demuestran que la inversión social es dinamizadora de la economía y creadora de puestos de trabajo.

Hace algunas semanas presentaron un nuevo modelo de servicios sociales delegando la valoración de la dependencia a los ayuntamientos. ¿Eso significa que sólo estas administraciones serán las que realicen las valoraciones o complementarán la labor que la Generalitat estaba haciendo hasta ahora?

Con el nuevo modelo de servicios sociales queremos agilizar la atención de la ciudadanía con profesionales especialistas en servicios sociales en las administraciones locales que son los que más en contacto están con los vecinos y vecinas.

Con el anterior ejecutivo las valoraciones las realizaba personal externo de la Consellería, entre los que había personas que no tenían ninguna titulación en el ámbito socio-sanitario. El Consell del Botànic ha apostado por revertir a lo público esta tarea, a través de la financiación de los equipos sociales de base municipales. Estos equipos serán multidisciplinares y se van a establecer un mínimo de profesionales en relación con la población y el territorio en el que actúan.

Hasta el momento, los profesionales sociales se encargaban de hacer, también, toda la parte burocrática. Ahora, lo que se busca es un servicio de proximidad. El trabajador social, el psicólogo y el educador que están en el pueblo son los que conocen a las personas. Ellos harán la valoración y el seguimiento y, una vez se haya hecho, esto pasa ya a servicios centrales y ahí ya se gestiona la nómina de dependencia, etc.

Para que estos profesionales puedan realizar las valoraciones han recibido una formación especializada a través de cursos de formación impartidos el año pasado y que continúan este año también para poder cualificar al mayor número de profesionales.

Todas estas medidas van a dar una gran estabilidad a los servicios sociales municipales para que desarrollen una atención a la ciudadanía de calidad y de cercanía, porque creemos que mayor proximidad es sinónimo de mejor atención.

No obstante, queda atribuida la función de valoración para casos específicos (personas que se encuentran en residencias, en centros penitenciarios o por hospitalización de larga duración) a funcionarios públicos al servicio de la Conselleria con competencias en servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Este equipo multidisciplinar estará implantado bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, y se evita que recaiga en personal privado o adscrito a alguna encomienda.

¿Qué presupuesto tienen para llevar a cabo esta medida? ¿Cuánto personal y de que especialidades? ¿Van a ser nuevos contratos? ¿Cómo se va controlar que el personal contratado se destine efectivamente a ejercer las funciones para las que se destina este presupuesto?

Como ya he dicho en la pregunta anterior la inversión en servicios sociales es una prioridad para esta Consellería, que este año ha destinado 36'6 millones de euros para el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, lo que permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal.

El nuevo modelo social básico establece unas plantillas de equipos a partir de municipios de 5.000 habitantes, compuestos por trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, educadores y educadoras, y apoyos jurídicos y administrativos.

Con el incremento presupuestario se podrá contar con cerca de 1.400 profesionales en los equipos sociales municipales. Se ha iniciado ya la implantación de estas plantillas en el presente año y pensamos que en el 2018 estarán completas y extendidas en toda la Comunitat.

Respecto a los controles, quiero destacar que hay un principio de confianza institucional y de respeto a la legalidad. La financiación a las corporaciones locales se hace con una finalidad y no dudamos que las demás administraciones cumplirán con los objetivos de los y las profesionales que se cofinancian. No obstante, a través de las memorias de gestión y de las memorias financieras de los municipios junto al servicio de inspección de la propia Conselleria garantizan la ejecución y posibilidad de evaluación por los órganos superiores.

¿El reparto del personal es para todos los ayuntamientos? ¿Lo solicitan ellos? ¿Puede un ayuntamiento negarse a adoptar esta medida?

La implantación del nuevo modelo social ha supuesto la elaboración de unas dotaciones de profesionales en relación con la población a atender que deben ocuparse de la atención social de sus vecinos y sus vecinas. Esto supone un claro ejemplo de planificación y de uso de criterios objetivos, como es de los ratios, frente a la improvisación del antiguo gobierno.

La Generalitat ha establecido el nivel de atención profesional para todas las entidades locales. Es un sistema basado en la colaboración interadministrativa y en un acuerdo para el cumplimiento de las obligaciones que en el marco legal estaban y se han atribuido competencialmente.

Cabe destacar que el grado de acuerdo con las entidades locales es prácticamente total para desarrollar este nuevo modelo social básico. La preocupación de los y las responsables de la gestión de los servicios sociales municipales es evidente y su colaboración imprescindible.

Los resultados a nivel de contrataciones del personal por parte de los ayuntamientos y mancomunidades para la gestión de los problemas sociales se están empezando a ver y el aumento de la financiación por parte de la Conselleria está siendo determinante. No se ha planteado ningún caso de negativa a la actuación.

El PP valenciano ha señalado respecto a esta medida que podría ser declarada inconstitucional al no ir acompañada de una memoria económica, por lo que no se garantiza la sostenibilidad financiera de la administración local, y por duplicidad de funciones entre dos administraciones. ¿Se ha constituido una comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado para resolver si es constitucional esta medida? ¿Cómo están las conversaciones en este momento?

La comisión estudiará aspectos técnicos solucionables fácilmente, pero en ningún caso se cuestiona la necesidad de un cambio del modelo, que supere unos servicios sociales desmantelados, burocráticos y asistencialistas sostenidos por el antiguo gobierno en pos de un sistema público digno donde el municipalismo sea el instrumento para fomentar políticas de proximidad y donde los equipos de base puedan trabajar desde la prevención con el objetivo de rescatar personas y ofrecer la atención social que por derecho les corresponde.

El nuevo modelo de servicios sociales supone una remunicipalización del sistema a través de la atención base, con un incremento presupuestario que permitirá dotar de una mayor financiación a los municipios para la contratación de profesionales que formarán parte de los equipos multidisciplinares, pudiendo cuadriplicar la plantilla actual.

El objetivo es crear una estructura que planifique, ordene y corrija la falta de gestión en esta área de las últimas legislaturas y también permita quitar burocracia, planteando un itinerario en el que los equipos sociales van, fundamentalmente, a valorar ya que son los que conocen a las personas.

Con un incremento presupuestario del 118% respecto a 2016, la Conselleria ha destinado este año un total de 36'6 millones de euros para el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, lo que permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal, pudiendo pasar de los 352 profesionales con los que se contaba hace dos años a los cerca de 1.400 que podrían formar parte de los equipos sociales municipales.

Asimismo, hay que superar los recortes respecto a la ratio de profesionales del sistema de servicios sociales por el número de habitantes a atender, que impuso el antiguo gobierno, y que ha ahondado en la importante diferencia que existe con otros sistemas como el sanitario o el de educación, en el que sí se tienen en cuenta el número de personas que debe atender cada profesional.

Con este panorama, la Conselleria de Igualdad ha diseñado un nuevo modelo que cuente con una red de profesionales, dependientes de las entidades locales, para la atención primaria de los problemas sociales, capaz de compaginar la proximidad a la ciudadanía con los recursos precisos para la cobertura de las necesidades sociales.

Para ello, es necesario crear equipos multidisciplinares con una rigurosa formación profesional, con el objetivo de que entre 2017-2019 todos los municipios y mancomunidades dispongan de un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga, un asesor o asesora jurídica y un administrativo o administrativa.

El aumento de personal repercute en una mejor atención a las personas, y con las inversiones realizadas desde la Generalitat, las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional cada 12.742 habitantes en 2015, a uno por cada 8.770 en 2016, con la previsión de que finales de 2017 la cifra baje hasta uno cada 3.211 habitantes.

Otra de las novedades que han presentado en los últimos meses ha sido la reforma del sector residencial, en la que se contemplaba la construcción de nuevos centros adaptados a un nuevo modelo centrado en la persona. ¿Cuántos nuevos centros de este tipo se van a construir? ¿Cuántas plazas residenciales van a crear? ¿Dónde? ¿Qué presupuesto cuentan para ello? ¿En que plazos?

El nuevo modelo de atención residencial tiene un objetivo fundamental y es que todas las personas mayores que soliciten atención residencial tengan acceso a un plaza pública o pagada con fondos públicos en igualdad de condiciones, con mayor libertad de elección y lo más cerca posible de su domicilio y de su entorno familiar, de manera que se sienta como en casa.

El Plan de Reordenación del Sector Residencial para personas mayores de la Comunitat Valenciana, que hemos bautizado como 'Queda't a prop”, supone una reforma del sector teniendo en cuenta las necesidades del usuario, la calidad del servicio y garantizando unas condiciones laborales dignas para los profesionales de los centros.

Lo hemos estructurado teniendo en cuenta las necesidades de las 10.508 personas que ocupan una plaza sostenida con fondos públicos, y de las alrededor de 3.400 que estaban a la espera de poder entrar en una residencia, cuando lo presentamos el pasado mes de octubre, y que no lo han podido hacer por la falta de infraestructuras en este ámbito.

El objetivo es garantizar la cercanía al propio domicilio del usuario, por lo que en los casos en los que las residencias sostenidas con fondos públicos no dispongan de una plaza en menos de 20 kilómetros de distancia, la Conselleria ofertará una prestación de garantía para que el usuario pueda permanecer lo más cerca de su entorno familiar, algo que hasta ahora no siempre ocurría.

Esta medida, que implica el establecimiento de un precio público por plaza, beneficiará a las rentas inferiores a los 1.000 euros mensuales, ya que ahora el usuario sólo deberá aportar el copago que ya está establecido en función de su renta, garantizándole un mínimo de dinero para su autonomía, 200 euros al mes, además de las dos pagas.

El plan para la reestructuración del sector público se ha elaborado teniendo en cuenta los criterios objetivos de las necesidades poblacionales, para lo que previamente se ha elaborado una mapificación de los recursos disponibles, a partir de la cual se han orquestado diversas medidas, entre las que se incluye la construcción de nuevos centros y un incremento presupuestario del 11,55 por ciento en el presupuesto de mejora y acondicionamiento de centros, hasta alcanzar los 3,1 millones de euros.

Este plan también incluye una colaboración estrecha con diputaciones y ayuntamientos, que se va a plasmar a través de la ampliación de las plazas municipales concertadas, que crecerán en 547 en centros de día y en 137 en centros diurnos, y con la recuperación de proyectos que la falta de inversión del antiguo gobierno paralizó y que ahora se quieren recuperar.

Otro aspecto que se aborda desde este plan, es la creación del concierto social para las residencias del tercer sector, lo que permitirá que las 1.363 plazas que actualmente gestionan estas entidades pasen del modelo de la subvención al concierto, medida que incrementa la estabilidad y reduce la burocracia.

Este cambio termina con la discrecionalidad de las ayudas, permite mejorar las condiciones laborales y la seguridad de la entidad, además de crear un marco legal que repercute en la mejora de los derechos de los usuarios.

Respecto al sector de accesibilidad, se ha procedido a la concertación de un total de 3.300 plazas, a través de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad por encima del coste.

Con esta medida cumplimos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró ilegal este tipo de modelo, acabando con un sistema de adjudicación privilegiado para unos pocos y favoreciendo y garantizado la pluralidad del sector.

¿Cree que la Comunidad Valenciana resulta atractiva para que inviertan las empresas del sector sociosanitario? ¿Por qué? ¿Que ventajas competitivas puede ofrecer esta Comunidad respecto a otras?

La prioridad del Consell del Botànic son las personas usuarias de los servicios que ofrece la Administración, que durante años no han interesado a quienes gobernaban, que estaban más preocupados por conseguir que sus amigos pudieran obtener beneficios de sus negocios, muchas veces ofreciendo un servicio que no era el mejor, porque se sacrificaba la atención en favor del precio.

En ese sentido, desde la Conselleria, con los nuevos pliegos de contratación, estamos apostando por un servicio próximo y de calidad, que permita a las personas usuarias estar en un entorno que se parezca lo máximo posible a un hogar, y en esta línea aquellas empresas que desean instalarse en la Comunitat Valenciana serán bienvenidas.

Nuestra prioridad son las personas mayores, y por eso lo que se está buscando es que, cuando tengan que abandonar su hogar, estén en un lugar donde tengan los mejores servicios, por eso en los nuevos pliegos se ha pedido que las residencias cuenten con servicio de enfermería 24 horas, peluquería, acompañamientos externos...

En los próximos días se reunirá de nuevo el Consejo Territorial con un monográfico sobre Dependencia ¿Qué demandas más urgentes, aparte de las económicas, van a plantear ustedes en la mesa para el desarrollo de la Ley?

El objetivo de este gobierno es conseguir que se cumpla lo establecido por ley, y que el Gobierno de España financie el 50 por ciento de la dependencia, porque en la actualidad en el caso de la Comunitat Valenciana su aportación no llega al 13 por ciento.

Esto supone que desde la Generalitat se está asumiendo de forma mayoritariamente la financiación de este derecho, de manera que el año pasado la aportación del Estado fue de 80,1 millones de euros, mientras que el presupuesto autonómico destinó a este concepto 619,9 millones de euros.

Otro de los temas que están resolviendo es el reparto del dinero del 0,7% del IRPF, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Después del acuerdo de mínimos al que llegaron en la última reunión del Consejo Territorial, algunas organizaciones autonómicas se han declarado en contra del reparto entre Comunidades y Estado. ¿Por qué cree usted que algunas organizaciones, incluso sus asociaciones autonómicas se muestran en contra de este sistema de reparto?

En la última reunión sectorial con el Ministerio, desde esta Vicepresidencia se ha liderado un acuerdo de mínimos, en el que se establece que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, el modelo de gestión del 0,7 por ciento del IRPF será un modelo mixto, con el Estado y las comunidades autónomas.

La concreción de este modelo se elaborará en la comisión delegada y posteriormente el consejo territorial ratificará el texto normativo que ésta haya elaborado, y finalmente se creará un grupo de trabajo para perfilar el modelo a partir del año 18, que tendrá un carácter más definitivo.

Éste es el escenario en el que se tiene que intentar llegar a acuerdos, porque no hay que olvidar que las comunidades autónomas tienen las competencias exclusivas en servicios sociales.

¿Por qué cree que las organizaciones no gubernamentales estatales son reacias a un reparto autonómico?

Los cambios, igual que ha sucedido con la municipalización de los servicios sociales, generan ciertas angustias.

Pero como en servicios sociales, estamos y estaremos en contacto con las entidades para hacer la transición de la mano de ellas, en todo caso cabe recordar que esta modificación se produce por una sentencia del Tribunal Constitucional.

De todas maneras, quiero trasladar tranquilidad porque esta Consellería gestiona con transparencia, objetividad y fomentando el diálogo.

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