¿Falta de personal en residencias públicas gestionadas?

Barcelona vive un problema relacionado con las residencias de mayores que puede tener grandes afectaciones para todo el sector geroasistencial.

Todo empieza cuando una asociación, SOS Gent Gran Barcelona, denuncia que algunas residencias pertenecientes a la Generalitat y gestionadas por una Unión Temporal de Empresas funcionan de forma deficiente, no tienen suficiente personal e incluso maltratan. Cuando algún medio de comunicación se hace eco de las denuncias éstas se extienden de forma vertiginosa.

Algunos periódicos destacan el hecho de que en alguna residencia haya “dos empleados para cuidar a 30 abuelos” o que por la noche haya cuatro cuidadores para noventa residentes (un empleado en cada una de las cuatro plantas); o que no se cambien los pañales cuando es necesario y otras cuestiones relacionadas, casi todas con falta de personal.

Las noticias destacan que la UTE que gestiona las residencias está formada por la constructora OHL, a través de Ingesán. Lo cierto es que también forma parte de la misma la asociación Asproseat, una entidad sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad.

La adjudicación de gestión de residencias públicas a una entidad en la que participa una constructora como OHL ya había despertado suspicacias por parte de algunos grupos que se niegan a aceptar que las residencias públicas las gestione directamente la administración.

A partir de aquí las cosas se complican ya que interviene el Ayuntamiento de Barcelona y exige que el contrato de gestión (al que todavía le quedan unos cuantos años, aunque se va renovando año a año) se vuelva a licitar. Mientras tanto, la Generalitat establece una especie de “plan de vigilancia” de las residencias con inspecciones constantes y dice públicamente que está trabajando para mejorar la situación. La empresa adjudicataria se defiende diciendo que cumple con los pliegos y que incluso lleva gastados 150.000 euros más de lo previsto.

Lo último que he leído es que el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) dice que lleva dieciocho meses investigando las residencias en cuestión.

Esto son más o menos los hechos. A partir de aquí, algunas reflexiones para entender lo que hay debajo.

Sobre el sistema de adjudicación de contratos de gestión de residencias

Cuando la Generalitat o cualquier otra administración quiere contratar algo tiene que hacerlo siguiendo la legislación de contratación pública que busca obtener el mejor producto o servicio posible al mejor precio. Para conseguir esta finalidad el sistema obliga a la administración a aplicar principios de publicidad, concurrencia, transparencia y seguridad jurídica, lo que se traduce en el deber de publicar las licitaciones en diarios oficiales, permitir que todos los candidatos que tengan la capacidad técnica y económica puedan presentar sus ofertas, que éstas sean consideradas y todo el proceso siga unas garantías.

En nuestro caso, cuando una administración quiere que una empresa o entidad sin ánimo de lucro gestione una residencia pública abre un proceso de contratación y publica unos pliegos de condiciones. Estos recogen quién puede presentarse (normalmente quien acredite experiencia gestionando residencias y con una capacidad económica determinada, o sea facturación), cómo esperan que se lleve a cabo la gestión (establecen un mínimo de personal, condiciones de mantenimiento del edificio…) y unos criterios para seleccionar la oferta más ventajosa (técnicos y económicos).

Las empresas que quieren gestionar la residencia deben presentar una documentación bastante compleja con dos documentos principales: el proyecto técnico y la oferta económica.

El proyecto técnico especifica, por ejemplo, cuánto personal se compromete a contratar la empresa, qué titulación tendrá y cómo se organizarán los horarios (a esto se conoce como “las planillas”). Aquí hay que detenerse porque estamos ante una de las claves de la polémica:

LOS PLIEGOS NO DICEN CUÁNTO PERSONAL DEBE TENER LA RESIDENCIA, sino que establecen un mínimo a partir del cual cada candidato, en su proyecto, presenta su propuesta de plantilla. Este es precisamente uno de los elementos que se tiene en cuenta para determinar cuál es la mejor oferta. Puede ser que el pliego exija un mínimo de 100 empleados, pero la empresa que se lo acabe adjudicando haya propuesto en su proyecto tener 110.

El proyecto también incluye elementos que se valoran, como el sistema de comunicación con residentes y familiares, los sistemas de fidelización del personal, la gestión de la calidad, los menús, la participación, las actividades a realizar…

Los pliegos dicen cuántos puntos “vale” cada parte del proyecto y cuántos puntos corresponde a la oferta económica.

Así, las empresas que se presentan, que en muchos casos superan la quincena, deben redactar un proyecto muy bueno y después presentar un precio que coincida o esté por debajo del que la administración propone.

Lo que ha pasado en el caso de INGESAN-ASPROSEAT es que, no sólo presentaron un proyecto que quedó en algunos casos como el más (o entre los más) puntuados, sino que además presentaron precios que estaban, según ha aparecido en los medios, un 10% por debajo de lo que la Generalitat consideraba como máximo.

Lo que ocasiona el problema, según mi entender, es que, aunque el precio que ofrece cada candidato es público; salvo la administración y el propio licitador, nadie conoce el proyecto ganador.

O sea, que quien gana el concurso ha redactado un proyecto buenísimo. El resto de candidatos saben cómo ha puntuado la administración cada uno de los apartados, pero no conoce el proyecto ganador en su conjunto, por lo que debe confiar en que los valoradores hayan hecho un buen trabajo. Quien va a vivir en la residencia no tiene forma de conocer a qué se ha comprometido la empresa ganadora con lo que tampoco sabe qué puede exigir.

Alguien puede decirle que, a lo que tiene derecho es a lo que dicen los pliegos, pero eso no es cierto. A lo que tiene derecho es a lo que determina un proyecto ganador al que no tiene acceso.

Esta falta de transparencia del sistema es la que nos lleva al problema actual.

Ingesán-Asproseat no quiere desvelar su proyecto porque sabe que ha conseguido redactar un “documento ganador” que le ha ayudado a adjudicarse varias residencias y espera les siga ayudando en el futuro.

El resto de licitadores que intentaron adjudicarse la gestión de las residencias, muchos de ellos empresas y entidades que llevan años en el sector y que tienen gran experiencia en gestión de centros públicos y privados, se quedaron muy sorprendidos cuando la UTE empezó a adjudicarse concurso tras concurso. Al fin y al cabo, Ingesán se veía como un “recién llegado”. Lo cierto es que OHL no es nuevo en el sector de las residencias, ya que ha gestionado trece en la Comunidad Valenciana, con la marca Novaire, durante años hasta su venta a SARquavitae.

Las valoraciones de los concursos generaron sorpresa y, en algunos casos, ansiedad y enfado. Empresas cuyos proyectos recibían hasta entonces altísimas valoraciones vieron que, de repente, éstas bajaban considerablemente, para muchos, de forma inexplicable.

A partir de aquí surgieron dentro del sector, siempre sotto vocce, suspicacias y sospechas. Ninguna empresa que quiera volver a licitar se atreve a criticar abiertamente a la Generalitat. A pesar de ello, muchas dudan de que los proyectos ganadores sean tan buenos como puntuación han recibido (algo que no pueden confirmar porque no pueden conocer el proyecto ganador). Casi todas ven ruinoso presentar bajadas considerables sobre los precios de salida (aunque muchas acaban ofreciéndolas). En fin, que llevamos unos años en el que el tema “licitaciones” se ha enrarecido considerablemente.

Así las cosas, cuando ha surgido el escándalo, la UTE ganadora se defiende diciendo que cumple escrupulosamente los pliegos y que incluso ha gastado 150.000 euros más de los que tenía comprometidos; que tiene intención de arreglar las cosas y que se ofrece a colaborar con la administración en todo. El resto de empresas están “ojo avizor”: para muchos, los problemas de la UTE eran algo “que se veía venir”; no tolerarán que la Generalitat cambie las normas a mitad de partido y esperan como una oportunidad (aunque no lo digan abiertamente) que vuelvan a licitarse cinco residencias en Barcelona.

Creo que la Generalitat podría aprovechar la situación para mejorar el sistema que utiliza en estos casos y debiera hacerlo aplicándose los principios de Atención Centrada en la Persona que tan de moda están en nuestro sector.

Para empezar, si el centro es el residente, ¿no debiera conocer éste cuál es el modelo de atención que se presta en la residencia pública a la que ha ingresado o en la que se va a poner en lista de espera?

Esto se podría conseguir haciendo público el proyecto que ha presentado la empresa que se ha adjudicado la gestión. El proyecto se convertiría en una especie de carta de compromisos entre la empresa y los usuarios de forma que éstos sabrían de antemano qué ofrece el centro.

Como el proyecto contiene una ratio, unas planillas con un personal y una distribución horaria, los usuarios sólo tendrían que consultar ese documento para saber si la empresa está cumpliendo su compromiso o no, ahorrándose problemas como el que vivimos ahora en el que la asociación denunciante critica la falta de personal; la empresa adjudicataria dice que cumple y la Generalitat que está trabajando para mejorar el servicio.

De cara a las suspicacias del resto de licitadores, si los proyectos se hiciesen públicos junto con las valoraciones sería mucho más fácil comprobar que los valoradores han hecho bien su trabajo y podríamos desterrar para siempre las sospechas que llevan años acompañándonos.

Sé que muchas empresas encontrarán objetable que se hagan públicos sus proyectos debido a que son el fruto de su esfuerzo, experiencia y profesionalidad. Si se publican, al cabo de cuatro días, cualquiera podría copiarlos y beneficiarse del esfuerzo ajeno.

Yo les diría que ese motivo no es de peso. Los proyectos sólo son secretos “hasta cierto punto”. Si alguien quiere conocer el de Ingesán-Asproseat, sólo tiene que acudir al contencioso administrativo por cualquier causa y tendrá acceso al mismo (los jueces reclaman y obtienen toda la documentación, dándosela a las partes); además, por desgracia, no siempre todo el mundo es tan discreto como debiera por lo que hay proyectos que “circulan”.