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“O se invierte la situación o el Estado debe admitir que no puede garantizar los derechos de la Ley de Dependencia”

“O se invierte la situación o el Estado debe admitir que no puede garantizar los derechos de la Ley de Dependencia”
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Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 320.000 dependientes no reciben prestaciones ni servicios.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales presenta este jueves en rueda de prensa el Informe Semestral del Observatorio Estatal para la Dependencia, en el que, tras analizar los datos oficiales publicados por el Ministerio, concluyen que “320.000 dependientes continúan sin recibir prestaciones o servicios, de los que 120.000 son grandes dependientes o severos, mientras se maquillan las cifras de beneficiarios del Sistema incorporando Dependientes Moderados con servicios low cost”.

El informe realiza un análisis de los principales indicadores de evolución del Sistema, así como los hitos en su desarrollo en el primer semestre de 2017, marcado por un rechazo frontal del Gobierno central a incrementar las partidas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las exigencias de los Partidos que han negociado su aprobación, y por la falta de resultados efectivos de las Comisiones y Grupos de Trabajo promovidas por el Ministerio, entre otras.

Algo que, según la Asociación está provocando que “sin incremento de financiación efectiva en los Presupuestos Generales del Estado en 2017, cada día fallecen 111 dependientes sin recibir la prestación o servicio a la que tienen derecho. Son más de 20.000 los fallecidos en esta situación en este año”.

“Con todo ello, el Sistema de Atención a la Dependencia se encuentra en punto crítico de su desarrollo, ante la indiferencia de los Partidos Políticos y la pérdida de interés en la agenda pública en lo que respecta a la situación de las personas en situación de dependencia en España. O se invierte de manera decidida y –según creemos inteligente– la actual situación, o el Estado admite que no es capaz de garantizar los derechos contenidos en esta Ley”, concluyen.

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