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El Defensor del Pueblo examina a todas las residencias de España

El Defensor del Pueblo examina a todas las residencias de España
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Busca detectar las dificultades para acceder a los servicios adecuados a cada necesidad.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, consciente de que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención a estas personas, ha iniciado una actuación de oficio con todas las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

Al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la situación de estas personas y, por ello, quiere detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

Hay que recordar que la queja más frecuente que recibe la Institución es la referente a las dificultades para acceder a una plaza residencial adecuada a las necesidades de los usuarios, seguida por aquellas en las que se plantea la escasez de personal y medios que redundan en la pérdida de calidad de la atención a las personas mayores que residen en estos centros.

De esta forma, la Institución ha enviado un cuestionario a todas las administraciones competentes en el que solicita conocer el número y tipología de residencias que existen en cada Comunidad; el número de personas que se encuentran en lista de espera para la asignación de plaza; las personas de la lista de espera que tienen reconocido otro servicio con carácter transitorio; los requisitos y estándares sobre recursos humanos exigidos para atender a personas en situación de dependencia; las diferencias, en caso de que existan, en las exigencias en materia de recursos humanos entre residencias públicas y privadas; información sobre los protocolos de funcionamiento; sobre planes de inspecciones y sobre estrategias previstas a medio plazo para mejorar la atención y calidad a las personas usuarias.

Hay que recordar igualmente que en su último avance de informe, todavía con la anterior Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se apuntaba: “Debemos llamar la atención hacia la situación de las personas mayores o menores que tienen alguna discapacidad y muy especialmente cuando es severa. En momentos en que la recuperación económica parece ser un hecho, y que las administraciones no tienen que congelar o suprimir partidas presupuestarias, es preciso fijar la atención en estas personas, en las necesidades de los centros donde son atendidas así como en las ONG que colaboran para hacer sus vidas más llevaderas”.

Este avance de enero a junio de 2017 refleja que se interpusieron 408 quejas en materia de Políticas Sociales y hubo 69 actuaciones de oficio al respecto. Recoge este documento también la recomendación y recordatorio de deberes legales planteado a la Consejería de Política Social y Familia de la Comunidad de Madrid sobre la “Acción protectora para las personas en situación de dependencia”.

El resumen que hace de la actuación el Defensor del Pueblo es el siguiente:

“Acceso efectivo a prestaciones en los casos de prestaciones vinculadas al servicio cuando los interesados no disponen de recursos económicos para cubrir la diferencia entre estas prestaciones y el costo real de servicio que han de contratar.

Se formula a la Administración un Recordatorio para que aplique la normativa general (art. 33.4 de la Ley 39/2006, de dependencia) que prevé la situación en la que se debe ofrecer una prestación vinculada al servicio cuando conste acreditado que la situación económica de la persona beneficiaria no le permite sufragar la diferencia existente entre el precio de mercado de servicio y la prestación económica ofrecida de forma transitoria. Asimismo se formula una Recomendación para que se modifique el art. 35 del Decreto 54/2015, que regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y las prestaciones del Sistema de la Dependencia en la Comunidad de Madrid, a los efectos de que en el caso de personas que se encuentran por debajo de un determinado nivel de renta se les pueda reconocer de forma transitoria una modalidad de atención diferente a la prestación vinculada al servicio inicialmente reconocido en el supuesto indicado”.

Se anota una actuación de oficio: “Acción protectora para las personas en situación de dependencia” dirigida a las Consejerías de Servicios Sociales y organismos forales competentes en materia de dependencia. El resumen:

“Actuación con todas las administraciones gestoras para conocer cómo están cuantificando la Prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio, ya que se ha detectado que se calcula sin referencia a la intensidad, lo que hace que a algunos beneficiarios les resulte muy gravoso puesto que deben hacerse cargo con sus medios de la cantidad que no está cubierta por la prestación y que, sin embargo, su programa individual de atención considera que deben recibir, aunque no se disponga por la Administración de medios propios o concertados para hacer efectiva dicha prestación.

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