José María Toro: “No nos ha quedado más remedio que acudir a la Justicia".
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha recurrido el decreto del Consell por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de esta comunidad por entidades de iniciativa social.
Para que se entienda, el Consell propone un nuevo modelo de concierto social, pero solamente para las entidades sin ánimo de lucro. Desde Aerte entienden que “esto no es correcto, no es legal, porque la ley dice que se pueden hacer instrumentos de concierto social siempre que respeten el principio de no discriminación”.
Así lo ha explicado a NGD el presidente de esta patronal, José María Toro, que ha añadido: “En este caso, no dejar participar a las entidades mercantiles nos parece discriminatorio, por lo tanto, estamos en contra”. Considera que el citado decreto es contrario a la normativa estatal básica al no permitir que puedan participar todas las entidades de servicios sociales independientemente de su forma jurídica: “A pesar del gran número de ocasiones en el que hemos informado a la Conselleria de que esa discriminación podría ser contraria a derecho, se ha seguido por el mismo camino por lo que nos vemos obligados a recurrir el decreto en vía judicial con todos los inconvenientes que puede generar en el sistema”.
Pero, ¿qué va a suponer esto para las empresas? ¿Es posible que alguna pierda el concierto o que no lo vayan a renovar?
Desde el Consell insisten en que la medida es solo para regular la situación de las empresas sin ánimo de lucro, pero el responsable de Aerte aclara: “Hay otros modelos para poder concertar con las entidades privadas, pero a nosotros lo que no nos parece bien es que se cree un modelo exclusivo para las entidades sin ánimo de lucro”.
José María Toro apunta que “se podía haber reformado el modelo de concierto de la Comunidad Valenciana a nivel global, haber hecho un modelo para todas las entidades en el que los ciudadanos hubieran podido elegir realmente a qué centro quieren ir de todo el concierto que hay, independientemente de qué naturaleza jurídica tenga la empresa que lo presta”.
Lo que lamentan desde la patronal es “hacer otra parcelita más, otro espacio más cerrado en el que están vetadas otro tipo de entidades. Se ha perdido la oportunidad de haber hecho un marco global adaptado a los servicios sociales y que permitiera hacer un concierto adecuado a las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana, que por cierto son muchas., ya que hay una necesidad muy importante de plazas”.
“No hemos conseguido cambiar ni una coma”
Aerte ha estado trabajando aproximadamente un año y medio este tema porque se basaba en una directiva europea y pensaban que tenían la razón, pero como reconoce Toro, “No hemos conseguido cambiar ni una coma, ni en la normativa que se ha hecho en la comunidad autónoma ni en la ley ni en el decreto que se ha publicado”.
Durante este tiempo han estado transmitiendo a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y a los grupos políticos que la Directiva Europea en la que se basó la modificación que se hizo en la Ley de Servicios Sociales, no permite reservar solamente el concierto a entidades sin ánimo de lucro.
“La decisión no ha sido la de rectificar sino aprobar el decreto ignorando por completo la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, indica Toro. Por todo esto, señala: “Nos hemos visto obligados a tener que recurrir a los tribunales para que nos den la razón porque va contra la ley y no es bueno además para el sector ni es bueno para las personas que están en situación de dependencia”.
Y en cualquier caso, el presidente de la patronal matiza: “Nosotros sabemos que el sistema que había actualmente con las entidades sin ánimo de lucro, que se basaba en la subvención, no era adecuado porque era anual y además iba muy mal en cuanto a tiempos y a temas de pagos. Había que buscar una solución al sector sin ánimo de lucro, estamos de acuerdo en eso, pero no buscar una solución excluyente, sino al revés, que es precisamente aprovechar este momento para recoger un sistema amplio que fuera en beneficio del ciudadano y que al mismo tiempo permitiera participar a todas las entidades en igualdad de condiciones. No basado en el precio, que es un tema que nos preocupa, sino en la calidad del servicio que se presta”.
El siguiente paso ahora es esperar a que se pronuncien los tribunales: “No nos ha quedado más remedio que acudir a la Justicia, a ver si nos da la razón e interpreta la situación que estamos viviendo como nosotros”.
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