Ataques a la 'Atención Centrada en la Persona'

En 2013 escribí un post que titulé "La nueva atención a mayores. ¿Centrada en la persona o en el inspector?", en la que planteé una serie de cuestiones que creo que, tres años después siguen de actualidad.

Desde entonces han pasado muchas cosas, y una de ellas es que en Castilla y León (en un proceso que empezó con una visita a Suecia organizada por Inforesidencias.com a la que asistieron altos cargos de la Junta y que sirvió de embrión al programa "En Mi Casa"), han aprobado este año unos Decretos de autorización y acreditación que incorporan por primera vez en España a la reglamentación sobre residencias de personas mayores la idea de plataforma de servicios, el modelo housing (unidades de convivencia) y conceptos de Atención Centrada en la Persona (ACP).

En Suecia, Holanda o Alemania en las residencias de tercera edad trabajan principalmente enfermeras (os), fisioterapeutas y el equivalente a gerocultores. Resulta extraño encontrar en la plantilla a terapeutas ocupacionales o médicos y casi imposible a psicólogos o trabajadores sociales. Concretamente en Suecia, país que hemos visitado más veces, la atención que ofrecen las residencias, que podríamos considerar como un modelo de Atención Centrada en la Persona ACP, cuenta con equipos interdisciplinares reducidos de forma que el apoyo profesional, cuando se precisa, suele venir del exterior.

Podría parecer que traer a nuestras latitudes un modelo inspirado en el sueco tendría que ser muy bien acogido por los usuarios y sus familiares. Sin embargo, han aparecido señales en el sentido contrario. En marzo pasado el Diario de Valladolid difundía que "La Plataforma Social de Valladolid ha pedido a la Junta de Castilla y León la retirada de los dos decretos aprobados el 4 de febrero que regulan tanto la autorización y funcionamiento de los centros de atención a mayores, como la acreditación de las unidades de convivencia para este colectivo. Uno de los portavoces de la Plataforma, Jorge Félix Alonso, ha criticado las "contradicciones" que presentan estos decretos y ha lamentado el "recorte de derechos" que, a su juicio, suponen, puesto que "eliminan la obligación" de contar en los centros, en función del número de residentes, con terapeutas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, enfermeros y médicos".

Esta plataforma es una de las múltiples que se crearon hace unos años para intentar revertir los recortes introducidos en la Ley de Dependencia y, aunque formalmente no representan a usuarios o familiares de residentes, critican con vehemencia la nueva normativa.

Así que, mientras los defensores de la implantación de la "nueva filosofía de atención" (entre los que, con algunas matizaciones, me encuentro) celebramos el paso dado en Castilla y León, la primera reacción pública de alguien que parecía hablar en nombre de los usuarios llegó en forma de crítica demoledora.

Analizando un poco lo que dijo la Plataforma parecería que la Junta no había sabido comunicar lo que estaba haciendo. Que se vea la implantación de unidades de convivencia, una atención basada en la gerocultora (o gerocultor) de referencia y un equipo interdisciplinar con menos componentes como un "recorte de derechos" sólo puede ser, a mi entender, fruto de una información insuficiente, o sencillamente, mala.

El problema es que cambiar desde la administración un modelo de atención (al que yo llamo Paradigma del Plan de Intervención) que llevamos veinticinco años creando y que parecía bastante consolidado, no resulta fácil.

Y la cosa ha quedado clara cuando, no sólo la plataforma de Valladolid se ha quejado sino también un grupo parlamentario, el socialista, que ha entendido que aplicar el nuevo modelo puede suponer que se violen los derechos de los usuarios por lo que hay que “mejorar la inspección” de residencias para evitarlo.

La prensa castellanoleonesa se ha hecho eco últimamente de esa iniciativa, aprobada finalmente por el parlamento regional y que se fundamenta en entender que el modelo En Mi Casa reduce la calidad asistencial porque rebaja el mínimo de horas de médicos, enfermeras, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales exigidas por lo que se debe “mejorar” la inspección de residencias de personas mayores, después del cambio de normativa, ya que, en una gran parte, son de titularidad y gestión privada, con o sin ánimo de lucro.

Lo dejan así, sin más explicación, como si las residencias públicas no necesitasen ser inspeccionadas; como si las primeras residencias en pilotar el programa En Mi Casa no hubiesen sido residencias públicas (Los Royales de Soria); como si el modelo, con limitaciones, no hubiese sido apoyado y asesorado por parte de expertos e instituciones de reconocido prestigio o como si las residencias privadas no llevasen años ofreciendo servicios de calidad más allá de lo que exigen las normativas autonómicas.

La única explicación para esta reacción la veo de nuevo en un error de comunicación.

Si se mira el camino hacia una Atención Centrada en la Persona únicamente como el que hará que trabajen menos terapeutas ocupacionales en residencias, perdemos la perspectiva global (salvo, por supuesto, que seamos, uno de esos terapeutas, entonces estaremos viendo lo más esencial para nosotros).

En 2013, en una entrada titulada "Un modelo por favor" escribí “Pensemos que una clave del “nuevo modelo” es dar un gran protagonismo a la gerocultora, lo que comporta necesariamente que lo pierda el equipo interdisciplinar. En ese “nuevo modelo”, si se acaba pareciendo a Suecia, sobran algunos de los profesionales que hoy forman parte reglamentaria del sistema.”

Tres años después, leyendo lo que se escribe y viendo experiencias, creo que el papel del equipo interdisciplinar seguirá siendo importante pero tenderá en el modelo ACP a ser fundamentalmente de apoyo y en pocas ocasiones de intervención concreta sobre el residente por lo que se podrá hacer “más con menos”. Algo bueno para el sistema pero no para profesionales concretos.

¿Qué haría si yo fuese uno de esos terapeutas ocupacionales o psicólogos que de repente "sobran? Sin duda, me resistiría, y lo haría probablemente diciendo que la atención sin mi presencia es de menos calidad.

Cuando en 2008 planteé que ciertos cambios de modelo tendentes a traer lo que veíamos en Suecia llevaban a la desprofesionalización de la atención, la observación parecía extravagante. Ahora, no tanto.

Por todo ello, quizás hay que ampliar el trabajo de pedagogía que lleva unos años haciéndose con profesionales, empresarios y responsables políticos del sector y extenderlo a la ciudadanía.

En los próximos años se va a incrementar de forma tan pronunciada el número de personas mayores, que lo difícil va a ser encontrar a profesionales para atenderles. Esta idea debe ser difundida ya que puede asegurar que, aunque se acaben exigiendo menos horas de psicólogo o terapeuta ocupacional; el número total subirá.

Además, si algo estamos aprendiendo es que, aunque pueda haber resistencias puntuales a la implantación, lo que vemos en todos los viajes por Europa es que los modelos de atención se orientan hacia lo que conocemos por ACP, por lo que deberíamos esforzarnos en crear “nuestro sistema centrado” y ajustarlo a nuestra realidad.

Los verdaderos obstáculos que acabará teniendo el modelo no creo que sean los que hoy hemos visto en Castilla León sino los de encontrar recursos para poderlo implantar de forma general en un país que verá como se dobla la proporción de mayores en los próximos treinta años y como cambiar normativas que dan más peso a la seguridad que a la capacidad de elegir.